Aristides Zabarce
Foto: Telesur
Tarek William Saab, Fiscal General de la República (FGR), informó que entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un nuevo informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela, y anunció un conjunto de nuevas decisiones que fueron tomadas en varios casos que han despertado polémica en el país.
El primero de ellos fue el caso del concejal Fernando Albán, detenido el 5 de octubre del 2018 y recluido en el edificio del SEBIN en Plaza Venezuela. En su momento el FGR informó sobre la muerte del concejal y aseguró que consistió en un suicidio. Según Saab, Albán se lanzó desde el décimo piso del edificio del SEBIN cuando iba a ser trasladado a tribunales después de solicitar ir al baño.
El Fiscal informó este sábado que los dos custodios de Fernando Albán fueron imputados por: Homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga. Ambos involucrados se encuentran detenidos, señaló Saab.
Otro caso sobre el que el FGR se pronunció fue el del Capitán Rafael Acosta Arévalo, informó que los funcionarios involucrados fueron imputados por los delitos de: Homicidio intencional calificado con alevosía Tortura.
Adicionalmente se pronunció con respecto al caso del estudiante Juan Pablo Pernalete, el fiscal afirmó, este 1ro de mayo, que la víctima murió como consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Una hipótesis que fue desmentida por diversos voceros del gobierno, quienes aseguraban que su muerte fue provocada por una pistola de perno.
Saab anunció que por este caso 12 funcionarios fueron imputados por el delito de: Homicidio preterintencional en grado de complicidad. No especificó si se encuentran detenidos.
Por último el Fiscal General se refirió a uno de los casos más sonados del año 2020, en que fueron denunciados funcionarios de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por el acribillamiento de cinco personas en el Barrio El Limón en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Por este caso se informó que fueron imputados cinco funcionarios de las FAES.
Saab añadió que “en estos 3 años y 8 meses se imputaron a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”.
Asimismo, agregó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitó, por iniciativa propia, “una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe”.
El primero de ellos fue el caso del concejal Fernando Albán, detenido el 5 de octubre del 2018 y recluido en el edificio del SEBIN en Plaza Venezuela. En su momento el FGR informó sobre la muerte del concejal y aseguró que consistió en un suicidio. Según Saab, Albán se lanzó desde el décimo piso del edificio del SEBIN cuando iba a ser trasladado a tribunales después de solicitar ir al baño.
El Fiscal informó este sábado que los dos custodios de Fernando Albán fueron imputados por: Homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga. Ambos involucrados se encuentran detenidos, señaló Saab.
Otro caso sobre el que el FGR se pronunció fue el del Capitán Rafael Acosta Arévalo, informó que los funcionarios involucrados fueron imputados por los delitos de: Homicidio intencional calificado con alevosía Tortura.
Adicionalmente se pronunció con respecto al caso del estudiante Juan Pablo Pernalete, el fiscal afirmó, este 1ro de mayo, que la víctima murió como consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Una hipótesis que fue desmentida por diversos voceros del gobierno, quienes aseguraban que su muerte fue provocada por una pistola de perno.
Saab anunció que por este caso 12 funcionarios fueron imputados por el delito de: Homicidio preterintencional en grado de complicidad. No especificó si se encuentran detenidos.
Por último el Fiscal General se refirió a uno de los casos más sonados del año 2020, en que fueron denunciados funcionarios de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por el acribillamiento de cinco personas en el Barrio El Limón en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Por este caso se informó que fueron imputados cinco funcionarios de las FAES.
Saab añadió que “en estos 3 años y 8 meses se imputaron a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”.
Asimismo, agregó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitó, por iniciativa propia, “una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe”.
0 Comentarios